Como se puede observar la reforma pensional busca entonces varios objetivos: el primero y más importante reducir los beneficios pensionales y dificultar el acceso a la pensión; el segundo mantener intacta la estructura del sistema pensional establecida por la Ley 100, haciendo caso omiso de las múltiples críticas que se le han hecho; el tercero, financiar la asistencia social a los indigentes y el seguro de desempleo con aportes de los trabajadores; el cuarto, eliminar los regímenes exceptuados, cuyos trabajadores constituyen un apetitoso bocado para las Aseguradoras de Fondos Privados; el quinto, permitir el uso discrecional por parte del Ejecutivo de recursos como los de las Cajas de Compensación y las transferencias territoriales, creando con tales dineros un aparato de bolsillo del Presidente y el sexto acabar con las negociaciones colectivas y por ende atentar contra el derecho de asociación sindical.

No es gratis que parte de esta reforma se lleve a cabo el 31 de julio de 2010, esta situación se da porque los congresistas que actualmente están se pensionan en el 2010 y lo hacen con los beneficios actuales y no con los que aprobaron en este acto legislativo.

Si miramos nuestra situación con el resto del mundo encontramos que desde 1981, en Chile se sustituyó el sistema de pensiones por el de cuentas de ahorro individuales y en la década de los noventas se adelantaron reformas similares prácticamente en todos los países latinoamericanos y como en Colombia paradójicamente, los desequilibrios fiscales continúan y la inequidad se profundiza, sin que de solución a ninguno de los problemas que se pretendía resolver.

En los países desarrollados estas reformas se vienen ambientando desde hace rato pero no se han realizado, Ni Reagan ni Bush padre, ni Clinton se atrevieron a tocar el poderoso sistema estatal de pensiones, que es el mayor programa gubernamental y maneja más de 350 mil millones de dólares anuales. En Francia el
presidente recién elegido apenas invitó a los franceses a reflexionar sobre el tema.